Héctor Ariel Cabello Juárez^[1]

El desarrollo tecnológico, así como la transición a una economía digital son efectos que derivan de las necesidades sociales, empresariales e institucionales. La contingencia sanitaria por Covid-19 ha causado que países como México experimenten un cambio tecnológico para el que no estábamos preparados. Lo anterior, ya que se estima que el país se digitalizó en meses lo que se esperaba tomara años^[2]. De esta forma se han agilizado procesos de producción y simplificado actividades esenciales e inclusive de manejo gubernamental. Sin embargo, esta nueva era de “digitalización” ha traído consigo desafíos para el país, como lo es la brecha de acceso a la tecnología en sectores vulnerables.

El gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intentado darle solución a la brecha de acceso tecnológico por medio del programa “Internet Para Todos” (IPT). Incluso, se otorgó a la CFE 884.4 millones de pesos provenientes del presupuesto federal destinado para el sector tecnológico^[3]. El programa IPT busca prestar servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido banda ancha de internet. Es así, que acorde a lo establecido por Manuel Bartlett, director de la CFE, se instalarán 2,800 antenas de comunicaciones para beneficiar a 6.4 millones de personas en 18,364 poblaciones^[4]

En vista de lo anterior, disminuir la brecha de acceso a internet y herramientas tecnológicas abre a su vez una nueva brecha respecto al acceso y garantía al derecho de protección de datos personales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha colocado a México en el tercer país con mayor cantidad de ciberataques^[5], por lo que llevar la tecnología a más sectores debería implicar ampliar la seguridad en su uso. Si bien se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Protección de Datos (PNDP), en el que se contempla acercar a la ciudadanía a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), esto no es suficiente cuando de ciberataques se trata. Por lo tanto, cualquier acción gubernamental debería orientarse, no solo a disminuir la brecha de acceso a internet, sino proporcionar información preventiva y adecuada para proteger a todos los sectores en el uso tecnológico.

En contraste a las estrategias mexicanas en la materia, puede observarse el caso de Brasil que ha demostrado su voluntad para lograr una eficaz transformación digital por medio de una agenda centrada en el campo, minas e industria. Para lograrlo, además de eliminar impuestos y subastas de espectro radioeléctrico sin fines recaudatorios para llevar internet y herramientas tecnológicas a más sectores^[6], también se ha procurado que el marco regulatorio en materia de protección de datos y seguridad vaya a la par de su actuar. Si bien, esto pudiera ser perjudicial a la innovación debido a la rigidez del marco normativo y su posible poco estudio, denota la relevancia que el gobierno brasileño le presta a la protección de datos de los usuarios.

En conclusión, es preciso resaltar que debe considerarse que la disminución de la brecha de acceso tecnológico no puede efectuarse sin considerar el derecho a la protección de datos y la ciberseguridad. Es así, que las acciones gubernamentales, como el programa IPT, deben ir orientadas no solo a incluir sectores marginados a la transformación digital, sino a proteger de igual forma sus datos personales. ¿Cómo protege su información alguien que nunca ha tenido acceso tecnológico? ¿De qué forma pudiera identificar un ciberataque? Son interrogantes que cualquier acción gubernamental en materia de transformación tecnológica debería plantearse. Sin embargo, para lograr esto debe existir “voluntad política”, lo cual es un elemento que diferencia a México de otras naciones, ya que la protección a usuarios no ha sido un tema prioritario. Por ende, debe haber un cambio en la perspectiva de la inclusión tecnológica como tema aislado a la protección de datos.

^[1] Graduate researcher en LegalTec Lab y Estudiante de Maestría en Derecho por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

^[2] Forbes México. (2020). En transformación digital, México avanzó 3 años en unos meses: Adobe. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/tecnologia-transformacion-digital-entrevista-adobe/

^[3] Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2022). UIT CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos – PEF 2022. Disponible en: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp8l9cM/docs/53/r53_uit_ep.pdf

^[4] García, K. (2022). CFE instalará 2,800 antenas de comunicaciones como parte de su proyecto Internet para Todos: Bartlett. El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-instalara-2800-antenas-de-comunicaciones-como-parte-de-su-proyecto-Internet-para-Todos-Bartlett-20220828-0019.html

^[5] Organización de los Estados Americanos. (2019). Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano. Disponible:http://www.oas.org/es/sms/cicte/documents/informes/Estado-de-la-Ciberseguridad-en-el-Sistema-Financiero-Mexicano.pdf

^[6] Negrete, J. (2022). Brasil, México, Querétaro y Nuevo León. Retrieved from: https://dplnews.com/brasil-mexico-queretaro-y-nuevo-leon-2/