Julio Cesar Trejo Hebrero
Desde hace varios meses, un importante número de notas, artículos y editoriales de medios de comunicación escritos, electrónicos y digitales de nuestro país, han tratado el tema de la inflación, destacando sus efectos negativos y dando por sentado que el lector tiene pleno conocimiento del significado y alcances de tan importante tema económico.
El contenido de estas piezas de comunicación, han servido para que la oposición a la actual administración presidencial, advierta un panorama económico deteriorado, con posibilidades de que se complique aún más en el futuro; y para manifestar su descontento por la falta de políticas y programas económicos efectivos que minimicen el impacto de la inflación y la lleven a los niveles de control deseados.
Por su parte, el Gobierno Federal ha fijado su posición en dos sentidos. Primero, destaca que la inflación actual, no sólo de México sino de la mayoría de los países, es el resultado de los efectos económicos provocados por la contingencia mundial sanitaria (COVID 19), y como consecuencia del alza de precios causados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y, segundo, advierte que se han tomado las medidas adecuadas para enfrentar la espiral inflacionaria.
En este contexto, considerando que, de acuerdo con el INEGI, a la segunda quincena de septiembre de 2022, la inflación general anual se ubicó en 8.7 por ciento, el propósito de este artículo es tratar de exponer algunas de las definiciones más elementales del tema adoptadas por el Banco de México, para entender que Gobierno Federal y oposición parten del mismo marco conceptual y que lo único que los separa es la evaluación de las medidas adoptadas para controlar este fenómeno económico.
El Banco de México define la inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo[1]. Dicho en otras palabras, el aumento de los precios hace que el valor de la moneda disminuya y ya no sea posible comprar la misma cantidad de bienes, comparado con un periodo anterior.
De acuerdo con el Banco de México, las determinantes de largo plazo de la inflación son: i) el exceso de dinero, toda vez que el crecimiento de la oferta de dinero implica el aumento en el nivel de precios; ii) el déficit fiscal, es decir, que el gasto del gobierno sea mayor a sus ingresos, hecho que genera un aumento de la base monetaria; y iii) las políticas inconsistentes para mantener adecuadamente el nivel de precios de los productos y servicios.[2]
Esta misma institución considera que las determinantes de corto plazo de la inflación son: i) la contracción de la oferta agregada, es decir, del volumen total de los bienes y servicios producidos por la economía, que provoca un incremento de precios, al haber poca oferta de éstos; ii) el incremento de la demanda agregada, o sea de los bienes y servicios requeridos por la economía, que también causa el incremento de precios, ya que hay mucho dinero, persiguiendo a pocos bienes o servicios; iii) la tasa de interés, que es la herramienta que tienen los bancos centrales para controlar el crecimiento del dinero y por lo tanto a la inflación, bajo la ecuación de que a mayor tasa de interés se reduce la demanda agregada, desincentivando la inversión y el consumo, aumentando el ahorro de las personas; iv) una política creíble del banco central para el control de la inflación y para asegurar las expectativas que los agentes económicos deben tener al respecto.[3]
A partir de estas determinantes, se puede concluir que las causas de la inflación son: el desequilibrio entre la oferta y la demanda; el incremento de los costos de producción; los ajustes de precios al alza; el aumento de la cantidad de dinero circulante; y, la ausencia de políticas económicas preventivas.
Como podemos advertir, las posiciones opuestas a las que nos hemos referido comparten el entendimiento de las causas determinantes de largo y corto plazo de la inflación. Es decir, parten de un mismo marco conceptual, mientras en lo que disienten es respecto de los resultados de las políticas económicas adoptadas por la autoridad hacendaria y, eventualmente, de las dispuestas por el banco central para atender esta problemática.
Por ejemplo, en el entendido de que la inflación está asociada a la caída del Producto Interno Bruto (PIB), la oposición precisa que el crecimiento de este índice al mes de agosto de 2022, apenas alcanza el 1 por ciento, mientras que la inflación se ubica en 8.62 por ciento, lo que evidencia lo errático de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal.
Por su parte el Gobierno de México, mediante el Comunicado 54 “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2022”, afirma que la economía del país continúa fortaleciéndose, y que, en la primera mitad del año, el crecimiento del PIB fue del 2 por ciento anual. Así mismo, que este panorama económico permitirá finalizar el año con agregados fiscales en equilibrio, y continuar con los apoyos a las familias, a través de programas sociales y el subsidio a la gasolina.
Las políticas económicas aplicadas por el Gobierno Federal, han sido motivo para acrecentar el debate con la oposición. Al respecto, el Titular de la SHCP, el 4 de mayo de 2022, dio a conocer “El Paquete Contra la Inflación y la Carestía”, el cual prevé diversas medidas para estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica y aumentar la producción interna de alimentos.
Entre las medidas dadas a conocer, mediante el Comunicado 37 del Gobierno Federal, “las cuales no representan un control de precios, sino un acuerdo voluntario con el sector privado, de mutuo beneficio y en bien de la economía”, destacan: i) mantener el precio de los productos de la canasta básica, durante seis meses, con posibilidad de extender este plazo; ii) estabilizar los precios de gasolina, diésel, gas y energía eléctrica; iii) contener el aumento de precios de combustibles utilizando como medida compensatoria el mayor ingreso por la exportación de petróleo crudo; iv) aumentar la producción de granos; v) ampliar el padrón de beneficiarios para la entrega de fertilizantes; vi) mantener las cuotas de peaje de carreteras y las tarifas ferroviarias; vii) reducir costos de tiempo de despacho aduanal terrestre y marítimo; vii) aplicar aranceles cero a la importación de básicos e insumos, lo que abarca 21 productos de la canasta básica y cinco insumos (harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo).
En respuesta, la oposición ha señalado que estas medidas son insuficientes criticando, incluso, que el Gobierno Federal asumió “medidas neoliberales”, adoptadas en su momento por los gobiernos de los Presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.
Mención especial merecen los comentarios formulados respecto al subsidio de combustibles, subvenciones a la electricidad doméstica y los programas de seguridad alimentaria y el congelamiento de cuotas carreteras que, en su conjunto, de acuerdo con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, tendrán un costo fiscal anual de 574 mil millones de pesos.
Al respecto, la oposición se ha manifestado en el sentido de que dichas medidas generarán una crisis financiera muy fuerte a los gobiernos estatales y municipales, porque propiciarán recortes presupuestales en estas instancias de gobierno, impactando negativamente el esquema constitucional del federalismo y municipalismo.
Por su parte, el Gobierno Federal ha afirmado que, sin estos estímulos fiscales, particularmente el subsidio a los combustibles, la inflación superaría los 10 puntos porcentuales al mes de agosto de 2022.
La controversia no se detiene en torno a los resultados de las medidas adoptadas para contener la inflación, y continúan en la calificación de la misma, de acuerdo con el comportamiento de los precios.
Ante ello, el Gobierno Federal prevé que, al término del 2022, la inflación será menor al 10 por ciento (inflación reptante) y que, aun cuando fuera superior a estos dígitos, sería manejable (inflación moderada).
Por su parte, la oposición prevé que la variación de precios continuará siendo elevada y acelerada, y que la moneda perderá su valor cada día, propiciando que se reduzca notoriamente el poder adquisitivo de la población (hiperinflación).
Incluso, ha expresado la idea de que el aumento de precios, vendrá acompañado de un decrecimiento del PIB, lo cual, si ocurriera durante 6 meses consecutivos, nos ubicaría en el estancamiento económico denominado estanflación.
En el marco de su autonomía y atribuciones para contener la espiral inflacionaria, la Junta de Gobierno del Banco de México, el 29 de septiembre de 2022, decidió incrementar en 75 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria, alcanzando así un nivel de 9.25% (su nivel más alto en los últimos 16 años).
Como parte del diagnóstico para tomar tal decisión, este órgano colegiado advirtió que la inflación global siguió aumentando, alcanzando nuevamente en algunos casos su mayor nivel en décadas; que existe un entorno donde persisten desbalances entre la oferta y la demanda en diversos mercados; y, que se mantienen precios aun elevados de alimentos y energéticos.
También destacó que entre los riesgos globales continúan los asociados a la pandemia, la prolongación de las presiones inflacionarias, el agravamiento de las tensiones geopolíticas y mayores ajustes a las condiciones económicas, monetarias y financieras.
En general, las posturas contrarias a las que nos hemos referido están de acuerdo con el incremento de la tasa de referencia dispuesta por el Banco de México, incluso, en la posibilidad de que se valore la posibilidad de ajustes al alza en próximas reuniones, de acuerdo con las circunstancias prevalecientes.
Sólo algunas voces han advertido que, en el entorno de la economía mexicana, el incremento a la tasa de interés ha servido para estabilizar el tipo de cambio y reducir la tendencia incremental de la inflación, pero no ha mostrado un fuerte impacto en el crecimiento económico.
En síntesis, las definiciones y conceptos formulados por el Banco de México en cuanto al origen y medidas de control de la inflación, no son tema del debate de las posiciones antagónicas hasta aquí enunciadas, sino la evaluación del impacto de las medidas adoptadas para contenerla.
De acuerdo con datos de los bancos centrales[4] de cada país, en las seis mayores economías de América Latina, la inflación interanual (julio de 2022 comparada con julio 2021), llegó a 71% en Argentina, 13.1% en Chile, 10.2% en Colombia, 10% en Brasil, 8.1% en México y 5.6% en Perú.
[1] El INEGI destacó que el comportamiento de la inflación general anual, al mes de agosto, durante los últimos tres años, es: 2020, 3.99%; 2021, 5.58%; y 2022, 8.62%.
[2] BANXICO Educa. Página Virtual, “Preguntas frecuentes sobre la inflación”. México, 2022.
[3] Ídem
[4] Fuente citada por el Diario “El Universal” en la edición del 31 de agosto de 2022.